Coordinado por Juan R. Cuadrado-Roura y Mª Teresa Fernández FernándezPrácticamente la totalidad de las televisiones públicas se encuentran sometidas en la actualidad a un periodo de redefinición en el que el control de la doble financiación de los entes públicos, la revisión de las obligaciones que afectan a los operadores privados o la flexibilización de las retricciones en la propiedad y gestión de las televisiones constituyen las reclamaciones esenciales de un sector privado en crecimiento y de un mercado en proceso de digitalización. A este problema, el Derecho Comunitario responde con una interesante perspectiva que se construye sobre la calificación de los servicios televisivos como servicios de interés económico general.