No por clásico, el tema de la financiación de los partidos políticos, planteado desde la constitucionalización de éstos bien entrado el siglo XX y aún sin resolver, ha dejado de ocupar el centro del debate político y doctrinal. Silenciado por las constituciones, su regulación, en cambio, ha trascendido a los medios de comunicación y a la opinión pública con motivo de los escándalos de corrupción que han salpicado la vida política y a los que no es ajeno el descontento social existente con los partidos y sus dirigentes. Sin embargo, son muchas otras las cuestiones de calado constitucional que la financiación partidista plantea (igualdad de oportunidades en la contienda electoral, pluralismo político y movilidad del sistema de partidos, acercamiento a los ciudadanos y democracia interna, etc.) y que este trabajo aborda, sugiriendo algunas propuestas de reforma del sistema español desde una aproximación al derecho comparado.