Para decirlo tan claramente como sea posible, el asunto de la tortura, o más bien el de los métodos de interrogación aceptables o no en el seno de las sociedades democráticas, suscita en esta óptica cuatro interrogantes muy simples, aunque acentuadamente abstractas, que no podemos borrar de un manotazo: –¿existen situaciones de urgencia extrema en las que el uso de la tortura sería la única solución que se presente como una especie de necesidad para obtener informaciones con vistas a salvar vidas humanas? –¿en circunstancias semejantes, la tortura se presentaría como moralmente aceptable? –¿y si tal fuera el caso, sería eficaz? –por último, ¿quién debería tomar entonces la decisión de recurrir a la tortura, y cuáles deberían ser las consecuencias de esta decisión que constituye una de las violaciones más graves de las normas del derecho y de los principios fundamentales de nuestras sociedades liberales?