Habitamos en ciudades, percibimos el mundo a través de ellas. La ciudad como hábitat, como lugar de trabajo, de esparcimiento, de encuentro social, está en el centro de nuestras vidas. Por eso, todo lo que repercuta en su forma de organizarse y de prestar los servicios nos afectará de manera muy directa e intensa. Más allá de modelos y debates ideológicos –siempre necesarios e imprescindibles para el avance y la mejora en una sociedad democrática– exigimos a nuestro municipio servicios concretos de abastecimiento de aguas, alcantarillado, jardinería, limpieza, recogida de basuras, alumbrado público y demás servicios imprescindibles que conllevan una exigente gestión. Sus resultados son tangibles y conforman una parte substancial de nuestra calidad de vida. Por eso, los ayuntamientos, entre otras funciones, asumen la enorme responsabilidad de hacer funcionar de la manera más eficiente posible el formidable engranaje de servicios entrelazados. Si no existieran los servicios, la ciudad, sencillamente, no sería posible. El interés general nos impulsa a tratar de alcanzar la excelencia en la gestión de esos servicios públicos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Sobre este eje se articularán los contenidos de este libro, que delimitarán tanto los modelos posibles de gestión como el marco jurídico en el que deben desarrollarse. El mismo marco legal que garantiza la titularidad pública de los servicios, determina y acota las fórmulas en las que el ayuntamiento puede llevar a cabo su gestión, manteniendo, siempre, no sólo la titularidad, sino la ineludible responsabilidad del control para garantizar así, el adecuado servicio. Por tanto, con un marco garantista sobre la inequívoca titularidad pública de los servicios y del control, el ayuntamiento deberá escoger su modelo de gestión, pública o privada. Y es normal que, ante una decisión de esta transcendencia, se genere un vivo debate que, a nuestro parecer, se ha ideologizado en demasía en los últimos tiempos, anteponiendo las ideas políticas a la evaluación de resultados en el argumentario de las razones del debate y a la indispensable búsqueda de la excelencia en el servicio. Los ciudadanos, y no las ideologías, deben ser el centro de atención en la gestión de los servicios públicos.