Siempre hubo agudas polémicas en torno a la seguridad privada. La transferencia del uso de la fuerza y la coerción a empresas particulares, ha generado conflictos evidentes. Dudoso encuadre legal, falta de control de parte de los órganos gubernamentales, riesgo claro de impunidad, son solo algunos de los problemas planteados en el debate y en la práctica cotidiana. El politólogo Martín Fernando Medina desmenuza el tema con solidez. El autor sostiene que es el Estado quien debe regular todo lo que se relaciona con el poder de policía. Y que delegar esa responsabilidad en áreas privadas incontrolables deja abierta la posibilidad de excesos, corrupciones y delitos evitables. En todo caso (subraya Medina) el Estado debería controlar rígidamente a las agencias de seguridad privada, exigir que el personal contratado por esas firmas cumpla requisitos básicos de idoneidad y capacidad, fiscalizando siempre la tenencia y uso de armas de fuego. Custodiar al custodio, pues, es la idea que desarrolla magistralmente el presente trabajo.